Por Julio Saguir
Doctor en Ciencias Políticas
En estos 40 años de vida constitucional, el procedimiento democrático como modo de elegir nuestras autoridades y tomar decisiones colectivas se ha mantenido estable y consolidado. La democracia así entendida es parte de una visión predominante en la ciencia política contemporánea. Al decir de Norberto Bobbio, “la democracia es un conjunto de reglas que permiten tomar decisiones colectivas”. Para Adam Przeworski, “es un mecanismo de alternancia en el poder, a través de elecciones”.
Según datos existentes, de casi 3.000 elecciones registradas en el mundo entre 1788 y 2008, el 80% han sucedido en favor de los que están en el poder. En nuestro país, de las 10 elecciones presidenciales acaecidas desde 1983 a esta parte, cinco han sido ganadas por la oposición. Así, todos los presidentes derrotados en Argentina en los últimos 40 años entregaron el mando a su sucesor -de signo político distinto- de manera pacífica y ordenada.
La alternancia partidaria contribuye a lo que conocemos como equilibrio institucional, un factor crítico para lo que conmemoramos, que es el retorno de la democracia después de la dictadura. La alternancia permite que los actores del juego democrático perciban que es posible ser elegidos e influir sobre las decisiones de la vida colectiva. Y por lo tanto, cabe esperar el próximo turno a pesar de haber sido derrotados en una elección. Cuando los actores no lo perciben así, se desvían; esto es, buscan por fuera o por medios no democráticos lo que no pueden conseguir por el marco institucional.
La democracia así entendida no es un sistema de bienestar, No se mide por la cantidad de pobres, ni de enfermos, ni de desiguales. Todo esto -harto relevante como es- puede ser modificado por las políticas que deciden aquellos que son elegidos. Ellas pueden acrecentar el bienestar social y, en este sentido, aliviar las condiciones de libertad e igualdad de los ciudadanos que mejoran el funcionamiento del procedimiento. Pero no son el procedimiento.
La democracia tampoco consiste en un régimen de calidad institucional. El aceitado funcionamiento de los dispositivos constitucionales que configuran la república genera mejores circunstancias para el funcionamiento del procedimiento democrático, y es conveniente y necesario. Pero, de vuelta, no constituyen el procedimiento.
El procedimiento democrático tiene un valor sustantivo e instrumental: permite cambiar gobiernos pacíficamente y, a través de ello, reducir la violencia política a la hora de resolver los conflictos de una sociedad. Este es el hallazgo y logro común y conjunto que nuestro país hoy celebra: la estabilidad y consolidación de un mecanismo institucional que nos ha permitido eliminar la violencia a la hora de tomar las decisiones colectivas y, por ello, organizar el conflicto y antagonismo social.
Para quienes crean que esto no es relevante, conviene recordar que de esto se trataba la preocupación fundamental del principal ideólogo del Estado moderno, Thomas Hobbes. El Estado tiene por fin primero asegurar tal derecho. El Estado democrático lo hace a través de elecciones libres y competitivas. Para quienes hemos vivido su ausencia antes de 1983 no necesitamos a Hobbes para recordar el valor de la vida como bien primero y de la democracia para convivir en sociedad. A ello nuestro homenaje.